RESUMEN

Las empresas hoy en día juegan un rol cada vez más activo en las sociedades en las que operan; ya no sólo son generadoras de empleo y riqueza sino que aportan al desarrollo de las comunidades en las que están insertas.

En ellas el Médico del Trabajo es defensor de las Condiciones de Trabajo y del Medio Ambiente, de los Derechos humanos y su participación en la aplicación de la Responsabilidad Social Empresaria es decisiva.

La evolución del Mundo desarrollado incluye una mirada sobre el origen de los bienes de su consumo; la calidad de los productos y la manera en que dichos bienes son producidos; las condiciones laborales y el cuidado del medio ambiente por parte de las empresas.

Desde el punto de vista de las empresas, esto ya no es sólo una condición ética sino un imperativo para el éxito de sus negocios en el largo plazo.

En respuesta a estas realidades y sobre la base de la Declaraciones Internacionales, que se enuncian en el texto, se ha desarrollado una norma reconocida internacionalmente, la RSE (Responsabilidad Social Empresaria).

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se refiere a una visión de los negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente.

Esta aplica principios guía del Sistema ISO 9000 y tiene áreas sobre las que fija requisitos en lo relativo a su responsabilidad social: No empleo de menores; No trabajo forzado; Condiciones de salud y seguridad; Libertad de asociación y derecho a convenios colectivos; Ausencia de discriminación y acoso, Ausencia de castigos y abusos verbales o coerción, Apropiada cantidad de horas de trabajo; Retribución justa y Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social.

RESUMEN

El propósito del estudio fue determinar la asociación entre prevalencia de trastornos músculo-esqueléticos en mujeres trabajadoras y demandas biomecánicas de fuerza de compresión y corte en columna lumbar. El estudio fue efectuado en 11 grupos de trabajadoras. Se determinó prevalencia de trastornos de la región lumbar y se utilizó el software 3DSSPP para establecer demandas biomecánicas en columna lumbar. El coeficiente de correlación de Pearson entre prevalencia de trastornos lumbares y fuerza pick de compresión fue r = 0.9 (p < 0.005). El coeficiente de correlación de Spearman entre prevalencia de trastornos lumbares y fuerza pick de corte fue r = 0.9 (p < 0.005). Al definir niveles que protejan al 90% de las trabajadoras estudiadas, los límites de fuerza pick de compresión y corte deberían situarse en 2.8 kN y 0.3 kN, respectivamente. Estos valores difieren de las recomendaciones actuales de 3.4 kN para fuerza pick de compresión y 0.5 kN para fuerza pick de corte.

(Gutiérrez M, Flores C, Monzó J, 2010. Prevalencia de Trastornos Músculo-Esqueléticos de Columna Lumbar en Trabajadoras y Límites Biomecánicos en el Manejo de Carga y Pacientes. Cienc Trab. Jul-Sep; 12 [37]: 380-385).

El 18 de marzo se dictó la Disposición N° 411/DGDYPC/11, la cual en su artículo 3° incorpora como responsables de certificar Edificios Seguros a los "Ingenieros, Licenciados en Seguridad e Higiene o Técnicos matriculados por Resolución 313/83 del MTSS".

Además en la misma se solicita “la encomienda de tareas profesionales, visada por el Consejo respectivo, asimismo deberá cumplir con las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión de acuerdo con la normativa vigente que rige su profesión”

De esta manera dejó sin efecto la anterior Disposición N° 5363/DGDYPC/10.

Se informa que la encomienda tendrá los siguiente valores:

- Edificio hasta 1000m2 son $25.-

- Edificio hasta 2000m2 son $50.-

- Edificio de más 2001m2 son $100.-

Están sobre el borde del río y deben ser trasladadas, tal como lo ordenó la Corte. Mientras, construyen un camino ribereño, pero donde no hay asentamientos. Y hacen falta viviendas para poder mudarlos. Por: Pablo Novillo

El plan de la Corte Suprema que en 2008 ordenó sanear la cuenca del Riachuelo tiene diferentes grados de avance . Sin embargo el punto más sensible, el de la relocalización de la gente que vive en villas sobre el río más contaminado del país, sigue muy trabado. Entre problemas de gestión y denuncias de falta de colaboración entre gobiernos, hay 1.948 familias, unas 10.000 personas, que viven pegadas a la costa del Riachuelo en peligro sanitario y ambiental, sin que avancen sustancialmente los planes de vivienda para mudarlos.

De hecho, la construcción del camino ribereño, tanto en Capital como en Provincia, sólo puede concretarse en los lugares donde no hay asentamientos. La recuperación del “camino de sirga” fue uno de los requisitos impuestos por la Corte como parte del saneamiento. Consiste en liberar y parquizar una franja de 35 metros paralela a cada una de las márgenes , que sirve como zona de protección para evitar futuros vuelcos de contaminantes al Riachuelo.

El problema es que se trata de tierra ocupada. Además de numerosas fábricas y los puestos de la feria ilegal de La Salada, hay casi 2.000 familias instaladas de manera precaria, rodeada de basurales a cielo abierto y contaminantes de todo tipo. Del total, la mayoría, 1.395, están del lado de Capital.

Un ejemplo de las dificultades para relocalizarlas es la situación de las viviendas de Castañares y Portela, que están tomadas desde hace dos meses por habitantes de la villa 1-11-14. Ese complejo habitacional debía ser entregado a 128 familias de El Pueblito , un asentamiento que está sobre la ribera, a metros de Puente Uriburu. Aunque el juez federal Luis Armella, a cargo de llevar adelante el fallo de la Corte, ordenó tres veces desalojar el complejo, ni el gobierno nacional ni el de la Ciudad lo liberaron. Así, la gente de El Pueblito siguen viviendo casi encima del agua contaminada.

De acuerdo a un cronograma acordado en febrero por los gobiernos de la Nación, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y los municipios bonaerenses involucrados, la relocalización de las 1.948 familias debería completarse entre el próximo 30 de junio y el 15 de enero de 2013. El desafío parece enorme, porque entre otras cosas implica mudar a las 892 familias que viven en la villa 21-24, de Capital, uno de los barrios de emergencia más grandes del país .

“La Justicia está demostrando voluntad para avanzar con la recuperación del camino de sirga, un paso muy importante para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero hay importantes problemas de gestión de ACUMAR y el Gobierno porteño respecto de la política de viviendas”, aseguró Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una de las ONG nombradas por la Corte Suprema para auditar el avance del plan de saneamiento. En total, y según el censo 2010, en la cuenca viven 6.092.268 personas, en 14 partidos bonaerenses y 12 barrios del sur porteño.

Mientras tanto, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), la Provincia y la Ciudad avanzan con la construcción del camino de sirga. La costa porteña del Riachuelo está dividida en tres partes , dos de las cuales no tienen problemas de ocupaciones. La primera es la avenida 27 de Febrero, cuyo ensanchamiento fue inaugurado en 2005. La otra es el tramo de La Boca, entre Pedro de Mendoza y el viejo puente Pueyrredón, a la altura de la avenida Vieytes. Este sector ya está construido como paseo , aunque precisa que mejoren la parquización, iluminación y que se ordene el tránsito por el impacto de los camiones.

El tramo por recuperar es el que queda entre puente Alsina y Vieytes. Allí, la intención es armar una calzada de adoquines con parquización lateral, que funcione como un paseo. Se permitirá el paso de autos pero a una velocidad limitada, y también podrán ingresar ambulancias, camiones de residuos o los vehículos de los bomberos. En cambio, el tránsito pesado deberá ir por las autopistas Cámpora y Dellepiane o desviarse hasta la avenida Perito Moreno.

En el tramo a recuperar, desde la Ciudad se informó que actualmente existen tres frentes donde se está trabajando, a la altura de las calles Romero, Iguazú y San Antonio. El segundo es el lugar que se conocía como “Mundo Grúa”, un ex depósito de grúas donde se construirán viviendas para gran parte de las familias que hoy están en la villa 21-24.

Estos tres frentes se dan, precisamente, donde no había asentamientos. “Para seguir avanzando es necesario proceder con la reubicación de las familias de El Pueblito . Seguimos insistiendo para que el gobierno nacional cumpla con la orden judicial de desalojo”, explicó el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Del lado bonaerense también hay obras, aunque de otro tipo. En Avellaneda, en 2008 se comenzó la construcción del Camino de la Ribera, que no es un paseo costero sino una vía apta para camiones. La primera etapa se hizo entre el puente Avellaneda y el Pueyrredón, y ya está en marcha el segundo tramo, 25 cuadras hasta el puente Victorino de la Plaza. La inversión será de $ 65 millones, financiados por Vialidad Nacional. El año que viene estaría terminada la última etapa, 15 cuadras hasta el límite entre Avellaneda y Lanús.

En tanto, en los partidos de Lomas de Zamora y Lanús, el gobierno provincial también está llevando adelante el ensanche y pavimentación de la avenida Carlos Pellegrini, el camino costero, obra que ya tiene un 95% de avance, según informaron en el Ministerio de Infraestructura bonaerense. Son 65 cuadras, entre puente La Noria y puente Alsina.


Una larga lista de riesgos

Los contaminantes del Riachuelo son un grave riesgo para la salud de quienes viven cerca. Según la Asociación de Vecinos de La Boca, una de las ONG encargadas de auditar el plan de saneamiento, los vecinos están expuestos a sufrir leptospirosis, hepatitis A y E, intoxicaciones por metales pesados o hidrocarburos, enfermedades producidas por bacterias, triquinosis y miasis (parasitación de tejidos y órganos por larvas de moscas).

Clarín
Jueves 5 de Mayo de 2011

Será a las 10, cuando el máximo tribunal comience a escuchar los argumentos de los representantes de los gobiernos de la Nación, bonaerense y el porteño sobre el estado de cumplimiento del fallo que ordenó el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo

Unitec Bio destinará $ 300 millones para la construcción de una nueva planta en Santa Fe

Con una inversión de 300 millones de pesos, Unitec Bio comenzó ayer la construcción de su segunda planta de biodiésel en Puerto General San Martín, al norte de Rosario. El anuncio se realizó ayer en un acto encabezado por la presidenta Cristina Kirchner (de lo que se informa en la página 6 de la sección Política).

Esta planta tendrá una capacidad para producir 240.000 toneladas de biodiésel al año, un volumen similar al que ya se produce en la primera planta, que comenzó a funcionar en enero de 2008. Cuando la construcción esté finalizada, en el segundo semestre del año próximo, Unitec Bio, que integra la Corporación América, del empresario Eduardo Eurnekian, se convertirá en la principal empresa productora de biodiésel en carácter individual. El resto de las inversiones en biocombustible fueron impulsadas por alianzas entre compañías exportadoras de granos y aceites.

Según informó Fernando Peláez, CEO de Unitec Bio, el 50 por ciento de la inversión se concretará mediante un crédito del Fondo del Bicentenario, con una tasa fija anual del 9,9% pagadero a cinco años. El resto de la inversión se concretará con capital propio. "El 50 por ciento de la producción tendrá como destino el mercado interno y el resto se exportará", explicó el ejecutivo.

Según la ley de biocombustibles, el gasoil tiene que ser cortado en un 7 por ciento por biodiésel. En la industria se especula con que el Ministerio de Planificación Federal podría incrementar en breve la tasa de corte al diez por ciento. "Estamos en condiciones de satisfacer esa demanda", señaló Peláez. "Y si en un lapso no muy prolongado se quiere llegar al 20 por ciento también podría hacerse", adelantó. Además, añadió, la producción de biodiésel podría reemplazar toda la importación de gasoil que hoy realiza el país, estimada en tres millones de metros cúbicos al año.

Respecto de los planes para promover el biocombustible, Peláez dijo que los vehículos que prestan servicios en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, cuya concesión está a cargo de Corporación América, funcionarán con biodiésel. "Con nuestros vehículos tendremos un corte del 30% e intentaremos utilizar biodiésel en un ciento por ciento, aunque hay que hacer algunas modificaciones a los motores", explicó.

La Nación
Miércoles 20 de julio de 2011

Unas 160 están en el área metropolitana y 140 en el interior. Sube la importación

A sólo una semana de haber regularizado la provisión de gas, el Gobierno volvió a aplicar nuevos recortes en los suministros a las grandes industrias para poder cubrir la mayor demanda residencial.

La variación de la temperatura puso otra vez al descubierto el problema estructural que arrastra el sector gasífero cada vez que se incrementa el consumo hogareño por la incidencia del frío.

Esta vez, el aumento de la demanda de las casas y departamentos que se registra desde el lunes obligó a las autoridades del ministerio de Planificación que controla Julio De Vido a restringir entre un 40% y 50% la provisión de gas a los 300 grandes clientes industriales de todo el país .

Ante las bajas temperaturas que se preveen hasta el fin de semana, el comité de emergencia del sector gasífero que comanda el Enargas dispuso ayer el corte de todos los suministros a las industrias que están bajo la modalidad de “contratos interrumpibles”.

Esta clase de suministro tiene un nivel tarifario diferenciado que contempla la posibilidad de determinados cortes al año.

Hasta ahora, no está previstro extender las restricciones a los “contratos firmes” que tienen una tarifa más cara. En teoría, este servicio debería estar al margen de las interrupciones, pero si se dispara la demanda residencial como lo hizo a fines de junio, las industrias con esos contratos también se pueden quedar sin gas.

La nueva poda parcial en el abastecimiento es similar a la que rigió en los primeros días de junio y afecta a unas 160 grandes industrias que se encuentran en el área metropolitana y la provincia de Buenos Aires y a otras 140 que están en el interior del país.

Al igual que las grandes industrias, las centrales térmicas también registran recortes y apenas tienen acceso a un tercio de los volúmenes que están en condiciones de consumir si hubiera una oferta suficiente de gas.

Lejos acompañar el aumento del consumo, la extracción de gas viene en descenso desde el inicio de la gestión kirchnerista. De 51.000 millones de metros cúbicos extraídos en 2003 se pasó en 2010 a a 46,9 millones de metros cúbicos. Para cubrir la mayor demanda, el Gobierno recurrió a las importaciones de Bolivia y de GNL con los buques regasificadores de Bahía Blanca y Escobar.

Entre 2003 y 2010, las importaciones crecieron 3.572%: de 85 millones de metros cúbicos a 3.121 millones de metros cúbicos.

La oferta actual se ubica en torno de los 130 millones de metros cúbicos diarios. De ese total, 102 millones salen de la producción local y el resto se cubre con importaciones. Por el gas externo, el Gobierno paga hasta US$ 13 por millón de BTU, frente a un promedio de apenas US$ 3 que reciben los productores locales.

En tanto ayer, continuaron los problemas por la escasez de combustibles líquidos que afecta a buena parte del país.

Ahora los que se quejan son los transportistas y ruralistas por la falta de gasoil.

El secretario general de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), Ramón Jatip, aseguró que en “ la mayoría de los lugares no hay combustible y aparece a cuentagotas”.

Por su parte, el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi reclamó “un auxilio” para que los pequeños productores reciban biodiesel en las zonas donde no llega el combustible”. Y el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati destacó “la realidad es que falta combustible y sin gasoil en el campo no se puede producir”.

Por: Antonio Rossi

Clarín
Miércoles 20 de Agosto de 2011

¿Creció la contaminación ambiental en los últimos años? ¿Donde se respira un aire más limpio? ¿Cómo incide en la salud el respirar aire contaminado todos los días?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó un informe elaborado por más de 100 expertos en el que analizan los datos de 14 regiones del planeta con el objetivo de conocer los factores ambientales que más dañan la salud y concienciar sobre las medidas a tomar para evitar millones de muertes.

La información analizada abarca datos de casi 1100 ciudades de 91 países, incluidas capitales y ciudades de más de 100.000 habitantes. La OMS estima que más de 2 millones de personas mueren cada año a causa de la inhalación de pequeñas partículas contaminantes del aire de espacios interiores y exteriores.

Esas partículas pueden penetrar en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo, y causar así cardiopatías, cáncer de pulmón, asma e infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores.

Si se redujeran el nivel de partículas grandes (PM10) y pequeñas (PM2,5) presentes en la atmósfera se podrían evitar 1,09 millones de todos esos fallecimientos. Vivir en ciudades cuyo aire no tiene unos mínimos de pureza genera un mayor riesgo de sufrir una enfermedad respiratoria o una cardiovascular.

Las principales conclusiones

• Los niveles persistentemente elevados de contaminación por partículas finas son comunes en muchas zonas urbanas. Esas partículas provienen a menudo de fuentes de combustión tales como centrales eléctricas y vehículos de motor.
• La gran mayoría de las poblaciones urbanas sufren una exposición media anual a partículas PM10 que supera el nivel máximo de 20 µg/m3 recomendado en las directrices sobre calidad del aire de la OMS. En promedio, solo unas pocas ciudades respetan actualmente los valores de referencia de la OMS.
• En lo que respecta a 2008, la mortalidad estimada atribuible a la contaminación atmosférica en las ciudades asciende a 1,34 millones de muertes prematuras. Si se hubiesen aplicado universalmente las directrices de la OMS, ese año la cifra habría sido de 1,09 millones. El número de muertes atribuibles a la contaminación atmosférica en las ciudades ha aumentado desde la estimación anterior de 1,15 millones de muertes en 2004. El aumento de la mortalidad que según las estimaciones puede atribuirse a la contaminación del aire urbano se explica por los recientes aumentos de la concentración de contaminantes en la atmósfera y del tamaño de las poblaciones urbanas, así como por el hecho de que se dipone de más datos y se emplean mejores métodos.

"La contaminación atmosférica es un problema de salud ambiental de gran alcance, y es fundamental que redoblemos los esfuerzos para reducir la carga sanitaria que genera", ha señalado la Dra. María Neira, Directora de Salud Pública y Medio Ambiente en la OMS. "Si vigilamos y gestionamos adecuadamente el medio podemos reducir de forma considerable el número de personas con enfermedades respiratorias y cardiacas o con cáncer de pulmón. En todo el mundo, el aire de las ciudades presenta a menudo una alta densidad de gases de escape, humo de fábricas y hollín de las centrales eléctricas que queman carbón. En muchos países no hay una normativa de calidad del aire, y cuando la hay los criterios nacionales y su aplicación varían considerablemente."

La Nación
Martes 27 de Septiembre de 201

El gobierno de la ciudad intensificará finalmente los controles a obras de demolición y excavación realizadas en la Capital, tal como lo previó la Legislatura hace más de un año y a 40 días del trágico derrumbe de parte de un edificio de 10 pisos en el centro porteño, ocurrido como consecuencia de irregularidades en la perforación del suelo en un terreno lindero.

Anteayer salió publicada en el Boletín Oficial local la reglamentación de la ley 3562, sancionada en septiembre de 2010 por la Legislatura, que estableció la obligatoriedad de incorporar una inspección en la etapa de demolición y otras dos verificaciones durante los trabajos de excavación en las obras en construcción.

La aprobación de esa normativa fue producto de la preocupación social que generó la muerte de tres personas en un gimnasio de Villa Urquiza, que colapsó mientras en un lote aledaño se realizaba una excavación. Por ese hecho fueron investigados los responsables de la obra. Si bien la Justicia apuntó a las responsabilidades particulares, los diputados porteños intentaron limitar el margen de error de los privados mediante la imposición de nuevos controles en manos del Estado.

En momentos en que las excavaciones aumentaron en la Capital tanto en cantidad como en profundidad, por la demanda de subsuelos para cocheras y el negocio que estas unidades complementarias significan, la ley determinó que, cuando la cota de fundación supere los 4 metros, debe efectuarse una inspección al efectuarse el 10 por ciento de la perforación y otra al cumplirse el 50 por ciento. Sin embargo, no precisó cuándo deben controlarse excavaciones menores, lo que quedaba supuestamente librado a la reglamentación.

Asimismo, la norma fijó multas de 3600 a 36.000 pesos para quienes "no hubieran contratado a una empresa de demolición o excavación inscripta en el registro público de demoledores y excavadores".

Según expertos consultados por LA NACION tras el derrumbe parcial en Bartolomé Mitre 1232, ocurrido el 4 del mes pasado y en el que murió un hombre, uno de los elementos que incidía en la posibilidad de una mala praxis durante un socavamiento del suelo era, precisamente, que la tarea fuera encargada a equipos sin especialización. También apuntaron a la falta de capacitación específica de los profesionales y de los operarios de las máquinas, así como a la ausencia de estudios previos serios sobre el suelo y los edificios existentes en el entorno de la obra.

En ese sentido, en la demorada reglamentación publicada anteayer, mediante el decreto con 620/11 que lleva la firma de Mauricio Macri, el gobierno porteño ordenó a los responsables de obras entregar ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (Dgroc) "un relevamiento fotográfico de linderos, en formato digital, protegido, a los efectos de que su contenido sea de carácter inalterable".

Esa documentación -complementaria a otra relativa al plan de trabajo de demolición y excavación, que también deben presentar los constructores ante las autoridades- será girada por la Dgroc a la Dirección General de Fiscalización y Control (Dgfyco), "para coordinar la inspección en obra", y a la Dirección General de Guardia de Auxilio, para que "cuente con la documentación necesaria en supuestos de emergencia".

Dos puntos de la reglamentación fueron criticados por el ex diputado Eduardo Epszteyn, uno de los autores de la ley. Primero, que el texto no especificó los momentos en los que deberán ser verificadas las excavaciones de menos de cuatro metros, lo que, según su opinión, mantiene riesgos latentes.

En segundo lugar, objetó que el jefe de gobierno haya depositado en los inspectores de la Dgfyco la potestad de controlar, y no en los profesionales verificadores, que en principio tienen más capacitación para evaluar si la obra se desarrolla en condiciones seguras.

Por: Angeles Castro

La Nación
Jueves 15 de diciembre de 2011